Comte & Font - Legalsa - | FURLÁN AND RELATIVES CASE VS. ARGENTINA
8
post-template-default,single,single-post,postid-8,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

FURLÁN AND RELATIVES CASE VS. ARGENTINA

FURLÁN AND RELATIVES CASE VS. ARGENTINA

ANÁLISIS DEL PÁRRAFO 126 DEL APARTADO DE ANÁLISIS DE FONDO DE LA SENTENCIA DEL CASO FURLÁN Y FAMILIARES VS. ARGENTINA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Francisco Antonio Anleu Quijada

El presente análisis parte de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlán y Familiares en contra de la República Federal Argentina; es necesario a manera de contextualizar el análisis referirse a que este caso se refiere esencialmente a la responsabilidad Internacional del Estado argentino por su demora al momento de establecer una indemnización a favor de Sebastián Furlán de la que dependía su tratamiento médico como persona con discapacidad. En ese orden de ideas, se hará referencia únicamente para el análisis al texto que se cita a continuación de la sentencia indicada:

“Por otra parte, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen el niño o la niña.” (El resaltado y subrayado no aparece en el texto original, es propio).

De la motivación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la resolución del fondo del presente caso se resalta la trascendencia del párrafo de la sentencia citado ya que profundiza en aspectos interpretativos fundamentales al momento de que se discuta y se pretenda hacer valer los Derechos que los niños gozan, por esa misma condición de niños, toda vez que la Corte es muy clara al concluir que las decisiones que los distintos funcionarios de Estado, que a su vez conlleva el ejercicio del poder público, al momento que intervengan en la limitación de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta el principio de interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia.

Para el caso específico del Estado de Guatemala existen distintas instancias dentro de la Administración Pública, entiéndase dentro de los tres Organismos del Estado, instituciones autónomas o descentralizadas y de jurisdicción privativa como la Corte de Constitucionalidad (como tribunal de control constitucional) que dentro de sus funciones y su actuar diario intervienen y alcanzan la esfera a que hace referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, el Organismo Judicial a través de los distintos órganos jurisdiccionales, el Organismo Ejecutivo al desarrollar distintas políticas con relación a los derechos de la niñez y el Organismo Legislativo en su función creadora de la Ley cuando regula a través de los distintos decretos esta importante materia, por citar algunos.

En la práctica y en el diario ejercicio del poder y función pública, estos funcionarios encargados de hacerlo enfrentan el desafío de tener que limitar en ciertas ocasiones los derechos de los niños, como por ejemplo cuando un Juez de familia en sentencia declara la limitación para que cualquiera de los padres no tenga derecho de relacionarse con el menor, justificando su decisión en que prevalece el interés superior del niño sobre el derecho de relacionarse con cualquiera de sus padres por concurrir alguna situación particular que signifique un riesgo o peligro para el menor; sin embargo esta interpretación realizada en caso concreto por un Juez, muchas veces es realizada de manera arbitraria y en contra del efectivo interés del niño, ya que los funcionarios no atienden la interpretación que con el tiempo se ha ido desarrollando respecto del principio interés superior del niño, razón por la cual la motivación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos objeto del presente análisis aclara y da una pauta para el actuar de los funcionarios de Estado, al indicar que este principio se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas y en la necesidad de proporcionar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamientos de sus potencialidades.

Lo expuesto en el párrafo anterior se debiera complementar con lo regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 5 que establece sobre el interés superior del niño que es “… una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que asegure el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. En ningún caso su aplicación puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República, tratados y convenios en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala”. No obstante lo anteriormente expuesto, persiste la actitud de parte de los distintos funcionarios de Estado, de aplicar este principio de una manera que en ciertos casos no se ajustan al interés superior del niño, derivado de que dicho interés en su concepción superficial, permite adoptar cualquier tipo de decisión sobre la vida y derechos de los menores, bajo este principio que se presta a ser malinterpretado y mal aplicado.

En este sentido, el aporte realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de suma relevancia, y en especial el último fragmento del párrafo analizado, en cuanto a que hace mención de las circunstancias especiales que involucran y abarcan la situación de cada niño en particular, por lo que la obligación que se deriva para los Estados, debe de ir encaminada a la determinación y facilitación mediante el análisis objetivo, con base en medios de comprobación científica y técnica de esas circunstancias, previo a que cualquier funcionario, sea de la institución, rama administrativa o judicial que corresponda, se pronuncie y resuelva sobre el goce efectivo de cualquier derecho de un niño o niña, y con mayor importancia aún, cuando vaya a pronunciarse o limitar cualquiera de esos derechos, basándose en la aplicación del principio del interés superior del niño, a efecto de que este principio no sea el instrumento que se utilice para vulnerar en definitiva los derechos de los niños y niñas.